Historia del deficit de tarifa eléctrico

Los consumidores españoles, tienen que abonar por la energía eléctrica que consumen la tarifa más cara de toda la Europa continental. Este problema tiene su origen en unos elevados costes eléctricos que afectan de manera negativa a la competitividad del país y por tanto contribuyen a incrementar el desempleo, reducir los salarios y recortar las prestaciones que los ciudadanos obtienen a cambio de sus impuestos.

El origen del problema es una acumulación de errores y malas decisiones que se han ido tomando a lo largo de los últimos 50 años. Y que ahora nos vemos obligados a solucionar.

Todo comenzó 50 años atrás en la década de los 60´s, España atraviesa una etapa de desarrollo industrial sin precedentes, que requiere una planificación energética muy ambiciosa. La hidráulica no es capaz ya de suministrar la energía eléctrica que el país necesita. Se diseña un plan energético nacional y comienza la construcción de una serie de grandes centrales térmicas nucleares y de carbón.

A finales de los 70´s y comienzos de los 80´s el desarrollo industrial español se detiene como consecuencia de una crisis energética mundial. La industria pesada comienza una reconversión, que impulsa el desempleo, y detrae el consumo eléctrico.

Enormes inversiones, en centrales nucleares, en construcción, se antojan ahora innecesarias. El gobierno decreta el “parón nuclear”, para evitar la quiebra de empresas eléctricas (estatales en su mayoría). Se crea un impuesto especial, sobre el consumo eléctrico, para compensar a las eléctricas por dichos cierres. Coste que hoy en día, continuamos pagando, y que encarece la energía eléctrica en un 4,864%, desde entonces.

Con la llegada de los 90´s, el ingreso de España en el mercado común europeo y el diseño de una moneda común, atrae hasta la economía española enormes flujos de capitales, a tipos de interés muy atractivos.

Sin embargo, la falta de un tejido productivo competitivo y de una base industrial sólida, provocan que dichos capitales tengan como destino mercados especulativos, y no el sistema productivo. La economía crece con fuerza gracias a la inflación y al endeudamiento, pero sin que aumenten los bienes y servicios que la economía produce.

Este incremento de la inflación, amenaza con echar por tierra los estrictos requisitos que la Europa del norte impone a la inflación de la Europa del sur, si ésta quiere entrar en la moneda única. El control de la inflación se convierte en objetivo prioritario para el poder político.

Comienza una ola de liberalización en muchos sectores, telecomunicaciones y energía entre otros, con la idea de incrementar la competencia y así poder bajar los precios. Sin embargo los costes eléctricos no bajan.

El poder político llega entonces a un acuerdo con las eléctricas, para evitar que se trasladen los costes a la tarifa eléctrica. Se congela la tarifa y el incremento de los costes se deriva a un saco de deuda pública, llamado “Déficit Tarifario”. Las eléctricas cobran, el estado acumula un déficit oculto, y el poder político esgrime como un éxito el control de la inflación.

Esta norma, creada con la intención de enmascarar la inflación por tiempo limitado, se convierte en un problema, que a los sucesivos mandatarios políticos no interesa resucitar. El déficit tarifario comienza a aumentar de forma casi ilimitada año tras año.

Simultáneamente, para garantizar la creciente demanda de electricidad se autoriza la construcción de centrales de ciclo combinado. Funcionan con gas natural y tienen como ventaja una eficiencia energética muy alta y bajas emisiones contaminantes, pero el combustible es muy caro.

A partir del año 2004, se reorienta la política energética y se da un fuerte impulso al desarrollo de las energías renovables. El método elegido, son la subvenciones estatales, a través de primas a la producción. Pero no con cargo al déficit estatal, como se hace en el resto de Europa, sino una vez más, con cargo a los peajes de la tarifa eléctrica es decir se transforma en déficit tarifario.

Las primas a las renovables, aumentan año tras año, y la reducción de costes del sector, debidas al desarrollo tecnológico y a la producción en masa de los equipos, no tienen reflejo en una reducción de las primas. Como consecuencia de ello se alimenta una burbuja y el sector de desarrolla sin control muy por encima de lo que resulta técnica y económicamente viable.

Con la crisis financiera que se inicia en 2008 en Europa, el consumo eléctrico baja, los costes eléctricos aumentan, y el déficit de tarifa se dispara hasta cotas imposibles. Bruselas advierte a España, el déficit tarifario, comienza a ser un problema de primera magnitud, no solo para el sector eléctrico, sino para toda la economía española.

Ante el incremento de déficit público que provoca la crisis, el gobierno empieza a tener dificultades para colocar en el mercado financiero el déficit de tarifa y se ve obligado a incrementar la tarifa eléctrica un 70% en 5 años. Lo que dispara la inflación, reduce la competitividad de la industria y pone en dificultades a empresas mineras, cementeras, acerías, altos hornos, químicas y finalmente al resto de la economía en su conjunto.

La situación límite a la que se ha llegado solo admite una salida posible. El poder político, debe alcanzar un gran pacto de estado, y confeccionar un plan energético nacional a 15 o 20 años, que audite los costes del el sector eléctrico, limite los beneficios de las compañías eléctricas y permita el desarrollo de las energías alternativas, en función de su competitividad. Es decir, establezca partiendo de cero, un nuevo marco legal estable que proteja a los inversores y consumidores de los caprichos de las grandes eléctricas y de los políticos de turno.

Este paso es fundamental e imprescindible para poder transformar el sistema productivo y superar la crisis económica en la que nos encontramos inmersos.

Post publicado por: José Mª Fernández